El gobierno español anunció el martes que concederá residencia legal a potencialmente cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización, una medida que contrasta con las políticas migratorias más estrictas adoptadas en Estados Unidos y gran parte de Europa.
La medida extraordinaria se aplicará mediante un decreto que modifica las leyes de inmigración, según la ministra de Migración, Elma Saiz, evitando así un proyecto de ley similar que se encuentra estancado en el Parlamento. Los inmigrantes elegibles recibirán hasta un año de residencia legal y permiso para trabajar.
Saiz declaró que el gobierno “no mirará hacia otro lado” y busca “dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país”. Se estima que la medida beneficiará a unas 500.000 personas, aunque algunas organizaciones calculan que hasta 800.000 personas viven en situación irregular en España, principalmente inmigrantes de América Latina y África que trabajan en agricultura, turismo o servicios.
Serán elegibles los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar que han residido en el país al menos cinco meses, además de no tener antecedentes penales. Las solicitudes podrán iniciarse desde abril hasta finales de junio, con recursos suficientes para procesarlas de manera eficiente.
La iniciativa surgió tras un acuerdo de última hora entre el Partido Socialista y Podemos para garantizar apoyo parlamentario al gobierno de Sánchez. La noticia fue celebrada por grupos de derechos de migrantes y asociaciones católicas, que habían recabado más de 700.000 firmas para una medida similar.
Expertos destacan que esta acción también beneficia a la economía española, formalizando empleos y otorgando derechos y protección a trabajadores indocumentados.
Sin embargo, la medida recibió críticas de partidos de centro-derecha y extrema derecha, que la consideran una distracción de otros asuntos y la califican de “invasión acelerada”. Saiz aseguró que España seguirá siendo un “farol” en la defensa de políticas migratorias humanas frente al auge global de la política antiinmigrante.
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