Un cambio en la normativa del Reino Unido, que entrará en vigor el 25 de febrero de 2026, está provocando preocupación entre ciudadanos británicos que también poseen otra nacionalidad. Desde esa fecha, será obligatorio presentar un pasaporte británico en vigor para poder viajar al país en avión, tren o ferry.
Aquellos que no dispongan de un pasaporte británico válido deberán solicitar un “certificado de derecho”, un documento oficial que acredita su condición de ciudadanos y que supone un coste elevado. Sin uno de estos dos requisitos, las compañías de transporte no permitirán el embarque.
La medida afecta especialmente a británicos residentes en el extranjero cuyos pasaportes han caducado, así como a familias con hijos nacidos fuera del Reino Unido que nunca han tramitado la documentación británica. Muchos se enfrentan ahora a la necesidad de renovar pasaportes, asumir el gasto adicional del certificado o replantearse su situación de ciudadanía para poder viajar sin contratiempos.
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