Guatemala enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Tras una masacre de policías que dejó 10 agentes muertos y otros 10 heridos el 17 de enero de 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo declaró estado de emergencia y desplegó miles de policías y soldados en las calles. La violencia es impulsada por unas 30,000 pandilleros tatuados, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que actúan con sorprendente coordinación y brutalidad.
El conflicto se intensificó después de que líderes de estas pandillas fueran trasladados a prisiones de máxima seguridad, donde enfrentaron condiciones más estrictas. Ante ello, organizaron motines y luego desataron asesinatos contra policías en venganza. Esto evidenció la fragilidad del gobierno, que apuesta al diálogo y a fortalecer instituciones, en contraste con políticas autoritarias como las de Nayib Bukele en El Salvador, donde la represión directa logró reducir la violencia drásticamente.
Guatemala también enfrenta un problema estructural: sus prisiones están sobrepobladas, con más de 23,000 internos en instalaciones con capacidad para 6,000. Desde estos centros, las pandillas siguen operando, dando órdenes y extorsionando. Además, la historia de las maras en el país se remonta a los años 70 y 80 en Los Ángeles, con deportaciones masivas que trasladaron el fenómeno a Guatemala, donde floreció debido a la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad estatal.
El gobierno de Arévalo enfrenta además una oposición política fuerte, vinculada con elites y sectores acusados de corrupción, que según él buscan desestabilizar su mandato. Mientras tanto, la población, cansada de la violencia, empieza a considerar políticas más duras de seguridad, inspiradas en el modelo de Bukele, aunque el país sigue debatiendo entre diálogo institucional y represión directa.
En barrios como El Mezquital, epicentro histórico de las pandillas, la vida cotidiana sigue marcada por la extorsión y el miedo, mientras las pandillas son utilizadas como herramientas de poder político. La situación refleja un país donde la violencia organizada y la debilidad institucional se combinan para generar una crisis de seguridad profunda y compleja.
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